A menudo escuchamos o leemos que el sistema eléctrico español está liberalizado, o que desde 1998 existe el “mercado libre” de la electricidad. Pero…
¿Es “libre” el mercado eléctrico español?
Es discutible, ya que básicamente continúa controlado por cinco grandes empresas, de forma que es más bien un mercado en régimen de oligopolio natural. Además, realmente esta liberalización sólo se ha dado en las actividades de producción y comercialización, que representan un porcentaje muy pequeño del importe total que mueve el sector eléctrico. La evolución en la segunda mitad del siglo XX ha sido claramente hacia la privatización. Es necesario que nos preguntemos por qué una actividad como ésta está cedida a entidades privadas en lugar de considerarse como un bien de utilidad pública.
¿Cómo se ha llegado hasta esta situación?
La Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, que autorizó esta privatización, no puede ser más clara: “No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de transcendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del Servicio dentro del territorio nacional.” En la práctica, no obstante, ni las compañías eléctricas ni el Estado han sido capaces de garantizar el suministro eléctrico a una parte de la ciudadanía más vulnerable.
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